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Piden rebajar la exigencia en la formación del personal dedicado
a la Dependencia.
Las residencias piden acortar los cursos que servirán para obtener
un título oficial a quienes acrediten su experiencia. Uno de los
principales problemas para desarrollar la Ley de Dependencia
es que falta personal cualificado. Para paliar este problema,
el Gobierno aprobó el
pasado julio un Real Decreto que establece que las personas
que llevan años atendiendo a dependientes sin un título oficial
pueden obtener un certificado que deje constancia de sus aptitudes.
A partir de
ahí, podrán acceder a cursos para obtener un título
reglado.
El acuerdo alcanzado por Gobierno y comunidades autónomas hace un
año exige que el 35% del personal de las residencias tenga la titulación
adecuada en 2011. Sin embargo, los propietarios de los centros denuncian
que necesitarían más tiempo para lograr ese objetivo. La
Federación de Empresarios de la Dependencia (FED) calcula que para
llegar a esta cuota aún se debe formar a 42.000 trabajadores.
Para obtener la titulación de gerocultor es necesario seguir un
curso de 450 horas; para conseguir el de ayuda a domicilio, otro de 600
horas. Ahora, el presidente de la FED, Alberto Echevarría, propone
que se rebaje el número de horas necesarias para estos cursos hasta
300. "Si no, no llegamos, ni por tiempo ni por dinero", se queja.
Su petición no es compartida por el secretario general de Política
Social, Francisco Moza, quien defiende que "se debe hacer el esfuerzo
necesario para cumplir las ratios obligatorias". "El sistema
de Dependencia es y debe ser de calidad", insiste.
En la misma línea, la secretaria de Política Social de CCOO,
Rosana Costa, asegura que la acumulación de trabajo "no es
excusa para ceder al interés de la patronal, que desea rebajar la
exigencia en la formación" y rechaza la reducción de
horas por curso.
A pesar de que el Ministerio de Educación admite que el proceso
avanza al ralentí, se muestra optimista. "Estamos en la fase
de diseño y elaboración de los materiales que se utilizarán
para los procesos de formación de evaluadores y asesores",
explica el director general de Formación Profesional (FP), Miguel
Soler. El procedimiento aún no se ha abierto, pero "las peticiones
de información son constantes", añade.
Definir qué asuntos quedan pendientes de resolver para que el sistema
empiece a funcionar llevará su tiempo, coinciden empresarios y sindicatos.
Para empezar, las consejerías de Trabajo e Inmigración aún
deben adaptar el Real Decreto a sus normas autonómicas. "El
sistema está en una fase de desarrollo muy inicial, sólo
alguna comunidad ha hecho algún avance. Además, no se ha
definido cómo se hará la acreditación ni cuánto
costarán las tasas de los cursos", señala Fernando Puig,
secretario de Formación para el Empleo de CCOO. Puig reconoce que
hay que acelerar la formación, para que las empresas cumplan las
ratio de personal titulado. "Hasta 2010 no veo posible que el proceso
funcione, y lo hará con un número limitado de personas",
agrega.
La secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, también considera
que la puesta en marcha es "lenta e irregular". Pero confía
en que dará tiempo a formar al personal suficiente. "Por eso
las ratio ya son bastante relajadas", asegura. Hasta 2015 no se exigirá que
el 100% de los trabajadores tenga título. Unos y otros coinciden
en que, como ha sucedido con la misma Ley de Dependencia, las expectativas
de obtener títulos acreditando experiencia superan a la realidad.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca que no
se están creando las plazas de centros y servicios previstas porque
el 51% de las ayudas se está dando para cuidados en el entorno familiar.
www.gerokon.com, 12 de noviembre de 2009.
