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El fiscal de Mayores reclama una ley integral que proteja
a los ancianos.
El fiscal de Mayores, Jorge Sena, reclama una ley integral
para la protección de los ancianos y dependientes de edad avanzada,
como se ha hecho con la violencia de género, ante las denuncias
de problemas graves por incumplimiento de la Ley de Dependencia
y situaciones de maltrato que llegan a la Fiscalía.
Hay un "vacío legal" en la defensa de los derechos de
los mayores de 65 años, que no se da en menores ni en mujeres, en
casos de violencia o desamparo, declara a Efe este fiscal, "y es un
colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de
ayuda de los poderes públicos".
Como fiscal de Sala delegado para la protección y defensa de los
derechos de los mayores desde 2008, Jorge Sena Argüelles conoce a
diario denuncias y quejas de estos ciudadanos y organizaciones vinculadas
a ellos. El 90% de las que se tramitan -afirma- están relacionadas
con la Ley de Dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el
entorno familiar o en las residencias donde viven, así como de discriminación
por razón de edad.
La Ley de Dependencia es "excelente", señala el fiscal,
pero tiene dos defectos: "está excesivamente burocratizada,
son muchos los pasos hasta que el mayor obtiene el Programa de Atención
Individual (PIA), que determina las prestaciones y servicios a percibir
y, por otro lado, no está suficientemente dotada de recursos económicos".
"
Al haber mucha demanda y poca dotación, va con cuentagotas",
afirma, y "la lentitud y la falta de explicaciones dejan a los afectados
sumidos en una incertidumbre tremenda. He recibido llamadas de personas
que un año y medio después de haber sido calificadas como
dependientes siguen esperando el PIA y que se determinen las ayudas",
destaca.
Y cuando se prolongan los trámites para conceder las prestaciones "se
atenta contra la dignidad de las personas". Uno de los derechos recogidos
en la propia Ley, subraya el fiscal.
El otro problema preocupante es el de los malos tratos. Una
cuestión opaca que vuelve a poner de manifiesto, en opinión
de Jorge Sena, la falta de legislación específica para esos
casos de violencia, que contemple como agravante la edad de la víctima.
En consecuencia, cree necesaria una ley integral para la protección
de las personas mayores, con el fin de que un mismo juez pueda resolver
cuestiones civiles, penales o de derecho administrativo, sean casos de
maltrato físico, psicológico, estafas, abusos económicos
o incumplimiento de la Ley de Dependencia, "que hoy es el caballo
de batalla".
MALA VEJEZ
La cifra de mayores de 65 años se ha duplicado en los últimos
30 años -ya son más de 7,7 millones, según el padrón
de 2009- y los que superan los 80 -que suman más de dos millones-
se han duplicado en dos décadas. Este hecho, junto a los ciudadanos
extranjeros que fijan aquí su residencia con la jubilación,
convertirá a España en 2050 en el país más
viejo de la UE.
Un informe del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia,
con datos de 2005 a nivel nacional, concluye que uno de cada cien mayores
reconoce haber sufrido maltrato en la familia. El porcentaje aumenta según
el grado de dependencia, hasta un 2,9% en los casos severos. Otras investigaciones
elevan la cifra a un cuatro o cinco por ciento.
Por otro lado, cinco de cada cien cuidadores confiesan haber
maltratado a una persona de edad, muchas veces porque la situación
les sobrepasa.
Los abusos más frecuentes son físicos, psicológicos
y económicos, éste último más frecuente en
personas dependientes y con alzheimer, además de negligencias y
abusos sexuales, según la autora del informe, Isabel Iborra, coordinadora
científica del Centro Reina Sofía.
"
Las personas mayores están olvidadas en el sistema jurídico",
indica a Efe la coordinadora, pero queda mucho por hacer en otras áreas,
y la mejor medida es la prevención y dotar de recursos y formación
a los cuidadores para atajar el problema.
"
Los servicios sociales -continúa- son muy eficaces en la detección
de menores en situación de riesgo, pero me pregunto dónde
está esa protección en el caso de los mayores". En este
sentido, Jorge Sena adelantó que se está elaborando un protocolo
para la detección de malos tratos, con la colaboración de
la asociación Afal, de familiares de enfermos de Alzheimer, y la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que
pretende implicar a personal sanitario, centros de acogimiento, asistentes
sociales y otros colectivos en contacto con ellos. "Lo último
que quiere un mayor es irse a una residencia", asegura Isabel Iborra.
Pero sólo un siete por ciento de los que tienen a cargo un anciano
recibe ayuda de los servicios sociales.
En su opinión, la Ley de Dependencia ha hecho aflorar cifras de
personas dependientes desconocidas. "No es que hayan aumentado, sino
que esos casos ahora se declaran, y el sistema social se ha desbordado",
por lo que es preciso dotar a las comunidades de recursos económicos
acordes a las necesidades en futuros presupuestos.
"
Si trabajan con el mismo personal y el mismo dinero, incluso
menos, como consecuencia de la crisis... no se puede pretender que amplíen
la protección", afirma.
FALSOS CUIDADORES
Isabel Iborra considera que los casos de maltrato siguen rodeados
de un "secretismo impresionante, más palpable en el caso de
los mayores".
"
Ellos son muy reacios, incluso, a hablar de las situaciones
de las que están siendo víctimas en el seno de la familia.
Cuando los profesionales de atención primaria o ayuda social las
detectan pueden hasta negarlo, porque sienten vergüenza o cierta responsabilidad",
explica.
Otras veces hay una incapacidad física o intelectual para pedir
ayuda y una dependencia absoluta de sus cuidadores, "porque sienten
que sin ellos son incapaces de hacer las cosas más básicas
de la vida".
Hay una sensación de impunidad y dificultad de hallar pruebas del
maltrato que, según el fiscal Jorge Sena, impide la mayoría
de las veces iniciar procedimientos judiciales.
Hay casos evidentes, que se ven físicamente, pero hay otros como
las sujeciones, o ataduras en enfermos, que atentan contra su libertad
y son difíciles de probar. "No dejan señales, y más
si son sujeciones químicas, como un exceso de medicación,
para que no den la tabarra", advierte.
Más complicado aún es probar la violencia psicológica,
agrega. Los abusos económicos sí dejan huella.
En los últimos meses la Fiscalía ha tramitado una decena
de denuncias contra individuos que ejercían como cuidadores y que
habían accedido a las cuentas corrientes de los ancianos, generalmente
sin familia y con cierta solvencia, para apropiarse de su dinero. Las situaciones
han sido descubiertas cuando el mayor ha sido declarado incapacitado y
tutelado por instancias públicas.
Agencia EFE, 4 de Octubre de 2009.
